MADRID.- El 23 de diciembre de 2004, Juan Carlos de Borbón le prestó a su hija Cristina 1,2 millones de euros sin intereses para ayudarla a comprar un palacete en Barcelona. El dato salió a la luz nueve años después, en la investigación contra la infanta y su esposo, Iñaki Urdangarin, por el fraude del Instituto Nóos.
Más allá de su valor como prueba judicial, esa revelación aportó una novedad única: por primera vez se conocía información concreta y certificada sobre una operación financiera del rey.
Fue una pieza aislada del rompecabezas. No hay secreto de Estado mejor guardado en España que la fortuna de Juan Carlos de Borbón y de su hijo, el nuevo rey Felipe VI .
Mientras el Partido Popular (PP) presentó en el Congreso una enmienda a un proyecto de ley en trámite para acelerar la protección jurídica de Juan Carlos. El monarca, tras su abdicación, perdió su inviolabilidad. El texto presentado prevé que el rey saliente y su mujer, Sofía, tengan fueros ante las salas de lo civil y lo penal del Tribunal Supremo.
¿Son nobles que viven rodeados de lujos a costa del presupuesto del Estado o unos magnates que esconden un patrimonio personal astronómico, digno de los grandes multimillonarios del planeta?
























